En un article a la Vanguardia Maika Navarro denuncia el que ella considera “un model de seguretat obsolet” i assegura al respecte “ha quedat demostrat que els convenis de cooperació entre els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana que es van firmar el llunyà any 2005 han deixat de ser útils davant complexitats com les que ara estan asfixiant Barcelona”.
A continuació el reproduïm íntegrament:
Hace poco, la delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera, ofreció a la alcaldesa Ada Colau Policía Nacional para patrullar en las calles de Barcelona.
Quédense con el gesto, porque es el resultado de que las cosas hace tiempo que no funcionan en la capital, y que el actual modelo de seguridad pública ha quedado obsoleto. Habrá que volver a definir cuál ha de ser la relación entre los Mossos d’Esquadra y las policías de las grandes ciudades como Barcelona. Pero ha quedado demostrado que aquellos convenios de cooperación entre los Mossos y la Guardia Urbana que se firmaron en el lejano 2005 han dejado de ser útiles ante complejidades como la que ahora mismo asfixia a Barcelona. Toca también que los alcaldes a los que la ciudadanía interpela directamente cuando les roban, les agreden sexualmente o les desvalijan la casa, decidan si asumen el liderazgo en política de seguridad y reactivan una cooperación que sólo funcionará con generosidad.
Pero mientras tanto, toca remangarse y abordar la crisis. Una situación de inseguridad ciudadana sin precedentes tras una década en la que las grandes cifras de criminalidad bajaban, y sólo despuntaba el pequeño delito, protagonizado por delincuentes reincidentes que básicamente actuaban contra los visitantes. El problema actualmente es mucho más complejo porque la situación está desbordada.
Barcelona acaba de estrenar un nuevo mando al frente de los Mossos. El comisario Carles Anfruns llega con ganas de trabajar, de innovar, de escuchar y de dar la vuelta a la tortilla. Tiene la oportunidad de demostrar que el día a día, más allá de grandes robos y homicidios, también es responsabilidad de los Mossos, y de ser consciente de que los narcopiso no sólo generan un deambular de toxicómanos y traficantes que incomoda a los vecinos, sino que ese pequeño elemento va degradando como una mancha todo lo que hay a su alrededor. En Ciutat Vella se ha pasado en menos de un año de 600 hurtos por semana, a 1.200. Que te agredan sexualmente ha dejado de ser un hecho puntual. Esta semana, una patrulla de la Guardia Urbana oyó los gritos de una vecina que presenciaba como un hombre arrastraba a una norteamericana por los pelos hasta su casa. Los robos violentos también han crecido, y los grupos de magrebís que campan a sus anchas robando relojes de alta gama.
Sin uniformes, se dejó de hacer prevención. Siete años sin promociones en los Mossos d’Esquadra son una factura que ha desequilibrado a una organización que en los últimos años desvió demasiado personal de la seguridad ciudadana a tareas de inteligencia y antiterrorismo. Se ven pocos mossos y unos pocos más guardias urbanos, que este verano tienen el refuerzo de los recién matriculados y los que cobran horas extras.
Antes del 1 de octubre, las relaciones entre la Guardia Urbana y los Mossos ya no eran buenas. En esa fecha lo poco que había se acabó de romper y ahora los puentes sólo los aguantan la gente de la calle y los jefes de las comisarías. Por encima de ellos, existe un tira y afloja institucional sobre quién se debe de ocupar de la seguridad, mientras que los policías de ambos cuerpos se dejan la piel en operaciones que apenas tienen incidencia en el día a día porque están literalmente desbordados. Ayer mismo, se realizó un nuevo operativo contra la venta ilegal en el que participaron mossos y guardias urbanos pero que no acabará con el problema ante la dimensión que el Ayuntamiento ha permitido que tome.
Colau no se siente cómoda gestionando la inseguridad. Al llegar prometió que convertiría a la Guardia Urbana en la nueva policía de los barrios. Pero se encontró con una escasez de mossos que obligó a la policía municipal a hacer lo mismo que en los años noventa ya hizo con la Policía Nacional, ocupar ese vacío con más presencia en las calles y reforzando la investigación. El problema tiene tres patas y la tercera, la judicial, cojea con un tapón de hasta ocho meses de demora en la celebración de juicios rápidos y las reticencias a enviar a prisión provisional a determinados individuos protagonistas de muchos hechos. No está siendo un verano fácil, y puede empeorar.
La Vanguardia 8-8-2018